La gestión del cumplimiento normativo es una realidad compleja y multidisciplinaria, que surge desde la concreta tendencia global de impulsar normativas orientadas a prevenir la comisión de ilícitos y lograr un entorno organizacional que facilite a sus integrantes el actuar de modo ético y responsable en un marco de transparencia. Las nuevas leyes penales que a nivel mundial obedecen a esta tendencia, desafían la cultura de las organizaciones y de las empresas exigiendo que integren en sus procesos internos criterios de cumplimiento de normas y estándares, no solamente en el ámbito privado, sino también dentro de la órbita del sector público e interno de las propias estructuras gubernamentales.

Este nuevo panorama mundial, nos plantea un escenario en el cual la, donde no resulta suficiente la imposición voluntaria de estándares de conducta y protocolos, es decir la autorregulación de las Empresas, sino que los poderes públicos son quienes tienen la obligación de condicionar y fomentan esas estructuras de autorregulación dentro de la empresa.

Lo expuesto se traduce en la adopción de programas que obedecen a los siguientes lineamientos básicos:

  1. Liderazgo y cultura de Compliance.
  1. Función de Compliance. 
  1. Evaluación de riesgos. 
  1. Políticas y controles. 
  1. Comunicación, formación y sensibilización. 
  1. Supervisión y verificación.
  1. Consecuencias de los incumplimientos.

La integridad como estrategia contra la corrupción en el sector público.

La implantación de programas de Compliance o de cumplimiento en sector público, se traducen en la necesidad de asegurar que sus profesionales actúan de acuerdo con los más altos estándares de integridad, transparencia y prevención de delitos,  priorizando el interés público sobre otros intereses particulares y adoptando pautas de actuación eficientes para reducir los casos de corrupción.

En concordancia con los lineamientos expuestos por la OCDE en su Recomendación sobre Integridad Pública de 26 de enero de 2017, el deber del sector público implementar sistemas de integridad, promover una cultura ética y ejercer el liderazgo necesario en este ámbito y, por último, demostrar una rendición de cuentas real y efectiva.

Los sistemas de integridad a los que hacen referencia la recomendación de la OCDE, deberían utilizar modelos de control interno y de gestión del riesgo, todo ello de forma similar a como lo hacen las empresas del ámbito privado en concreción de programas de prevención de riesgos y protocolos de actuación.

En consonancia con lo expresado anteriormente, considerando que la defensa del interés público merece contar con los estándares de integridad más altos, desde el sector público debe: